El despilfarro del PSOE en Andalucía: a juicio otro ex alcalde socialista por gastar 50.000 € en taxis 

El despilfarro socialista en Andalucía durante cuatro décadas no deja de sorprendernos. José Juan López Ródenas (PSOE), ex alcalde de Castril ya condenado por haber utilizado el móvil que le fue asignado para el desempeño de su cargo para la contratación de servicios sexuales, irá ahora a juicio por gastar casi 50.000 euros de los ciudadanos del municipio granadino en taxis.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada acoge el 25 y 26 de marzo el juicio contra el exalcalde de Castril (Granada), José Juan López Ródenas (PSOE), por el supuesto gasto indebido de 47.246 euros en su etapa de gestión en desplazamientos en taxi de carácter privado y «ajenos a su función pública».

La Fiscalía de Granada ha solicitado para él cuatro años y seis meses de cárcel y ocho años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación y otro continuado de malversación de caudales públicos, según consta en su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press.

El periodo investigado abarca desde 2008 a 2011, cuando a juicio del fiscal en entones alcalde «abusando de su condición de autoridad», «consciente de la ilegalidad de su actuación» y del «perjuicio que causaba al interés general», supuestamente ordenó y autorizó el pago de numerosas facturas emitidas por un determinado taxista.

Lo hizo con cargo a los desplazamientos realizados en el taxi puesto a su disposición en calidad de alcalde para el desarrollo de sus funciones. Sin embargo, «la mayoría de los viajes realizados eran de carácter privado y no guardaban relación alguna con el ejercicio de las funcionas propias de su cargo», según el relato fiscal.

Las facturas emitidas en este periodo, ninguna superior a los 4.000 euros, ascendieron a 47.246 euros, cantidad que fue abonada por el Ayuntamiento de Castril «con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas».

Tras desgranar las numerosas facturas emitidas por estos desplazamientos a lo largo de tres años, el fiscal concluye que el exregidor «no ha justificado que los viajes se realizaran para llevar a cabo actividades relacionadas con su cargo» ni consta expediente alguno ni documentación que justifique estos viajes.